Según informó este sábado el Cermi, este planteamiento se expuso en una reunión mantenida entre el propio Cermi y la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, que es el centro directivo que tiene atribuido el seguimiento de las cuestiones relativas a contratos del sector público- En este encuentro también se instó al Ministerio a tomar conciencia de esta “grave” situación y a actuar “política y normativamente” para solventarla.

En la reunión, el Cermi también hizo entrega de un amplio informe descriptivo de la repercusión “negativa” que la legislación sobre desindexación, con conexión con la de contratación pública, está teniendo en la iniciativa social.

Las disposiciones vigentes sobre desindexación están generando “severos problemas” a las entidades sociales que presentan servicios sociales por delegación de las Administraciones Públicas, regulados por la legislación de contratación pública, ya que impide actualizar el coste de los servicios de acuerdo con el incremento de la inflación, del coste de los suministros o para hacer frente al impacto salarial de la negociación colectiva.

PELIGRO PARA SU CONTINUIDAD

Esta limitación hace que las entidades sociales incurran en elevadas pérdidas económicas que “comprometen” su sostenibilidad financiera y hasta su propia continuidad, con el riesgo de que los colapsen los apoyos sociales esenciales.

Esta reunión con Hacienda tuvo lugar después de otras anteriores sostenidas con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, responsable de la política económica, al que se propuso esta misma demanda, que se excluya al tercer sector “por razón de interés social” de la normativa de desindexación, interpretando y aplicando conjuntamente esta regulación con la de contratación pública, “que así lo permite”, explicó el Cermi.

Además, el Cermi, junto con la Plataforma del Tercer Sector, está desplegando una estrategia de incidencia política para cambiar el marco regulador de la desindexación y la contratación pública a fin de “evitar que se irroguen perjuicios irreparables a la iniciativa social”.