Así lo pusieron de manifiesto en el segundo bloque del seminario ‘La revisión de la regulación de la autonomía del paciente a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad´, organizado por el Cermi y FDyD.

Este bloque comenzó con la ponencia del catedrático acreditado de filosofía del derecho y patrono de la FDyD, Antonio-Luis Martínez Pujalte, que ofreció algunas orientaciones para la reforma de la legislación sanitaria en materia de autonomía del paciente para acompasarla a la Convención.

En este sentido, planteó que hay que modificar la propia Ley de Autonomía del Paciente “porque no es acorde y coherente con la legislación civil”, ya que en uno de sus artículos “deja a criterio del médico responsable de la asistencia el juicio sobre si la persona es capaz de tomar decisiones”. “Solo cabe la representación en aquellos supuestos en los que la persona no sea capaz de expresar su voluntad y, en este caso, hay un criterio, que es que la decisión que se adopte por representación debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y sus valores”, comentó.

El seminario también contó con un diálogo para conocer la posición de la sociedad civil, que moderó la profesora de derecho civil de la Universidad de Granada y Patrona de la FDyD, Esperanza Alcaín. En este diálogo participaron el secretario de finanzas de Cocemfe, Daniel-Aníbal García Diego; el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Pedro Carrascal; la asesora jurídica de Plena inclusión Inés de Araoz Sánchez-Dopico; y la asesora jurídica de la Confederación Salud Mental Irene Muñoz Escandell.

Los participantes coincidieron en señalar la importancia de que las personas con discapacidad, por su situación “de discriminación adicional”, cuenten con una mayor cobertura pública en materia de salud; así como de mejorar su participación en el sistema sanitario aumentando su capacidad de interlocución como pacientes y estableciendo los recursos, objetivos y sistemas de evaluación adecuados.

La última ponencia del día corrió a cargo del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia, que se centró en resaltar los pronunciamientos de Naciones Unidas en materia de igualdad capacidad jurídica de las personas con discapacidad y autonomía del paciente.

Saravia insistió en que las leyes no deben discriminar directa o indirectamente a las personas con discapacidad en el reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica, “que afecta al disfrute de otros muchos derechos, como el de la decisión de tratamientos médicos”.

La clausura contó con la participación de la directora ejecutiva del Cermi y Patrona secretaria de la Fundación Cermi Mujeres, Pilar Villarino; y el vicepresidente del Cermi y presidente de Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico.