Tras conocerse que el Gobierno se está planteando ampliar estas ayudas públicas a personas solteras, separadas y divorciadas, el Cermi pide que la ayuda al alquiler abarque también a personas con discapacidad o a familias con personas con discapacidad a su cargo, teniendo en cuenta que estos ciudadanos tienen especiales dificultades para optar a una vivienda digna y accesible.

La renta de las personas con discapacidad es entre un 30 y un 40 por ciento inferior a la de la población sin discapacidad, por lo que el esfuerzo económico para arrendar una vivienda es mucho mayor, indica el Cermi.

A esto se une que las personas con discapacidad necesitan en muchas ocasiones disponer, en alquiler, de viviendas que reúnan las debidas condiciones de accesibilidad, pero aún son muy pocas las viviendas de este tipo que ofrece el mercado, por lo que se incrementan notablemente los costes.

Para compensar esta desventaja objetiva, causada por la inaccesibilidad general del parque de viviendas en alquiler, el Cermi solicita del Ministerio de Vivienda que las personas con discapacidad y sus familias sean consideradas como un grupo de población preferente a la hora de otorgar ayudas públicas al alquiler.