Y es que, afirmó Peláez en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, "existen puntos de fricción o de contradicción entre nuestro ordenamiento jurídico y la Convención, por lo que será necesaria la revisión de una diversidad de normas para lograr el ajuste necesario".

En esta línea, la comisionada de género del Cermi señaló que en España existen "ámbitos de vital importancia" para las mujeres y niñas con discapacidad, como son la esterilización no voluntaria por razón de discapacidad, "realizada en la actualidad en nuestro país", o la aceptación legal del aborto eugenésico (el que se practica para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad).

La Convención pone de manifiesto el núcleo discriminatorio de estas regulaciones y obliga a introducir reformas que asuman el principio de que la vida o la integridad de una persona con discapacidad son derechos fundamentales, que no pueden verse vulnerados, explicó.

Peláez, elegida recientemente como uno de los doce expertos que conforman la Comisión de Seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abogó también por que la citada Convención se traduzca a todas las lenguas cooficiales de España.

DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD

En su intervención, la comisionada de género del Cermi recomendó también al Ejecutivo la elaboración, "a modo de observatorio", de un informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, que permita conocer la realidad práctica de la aplicación de la Convención en este país y llevar un registro de las situaciones de vulneración.

Peláez hizo en su discurso en el Congreso una breve aproximación a la Convención, partiendo de los antecedentes para su desarrollo y exponiendo las principales características, sus implicaciones y funcionamiento, participación y papel de las personas con discapacidad.

En esta aproximación a la Convención, la representante del Cermi justificó la existencia de este texto recordando que a diferencia de otros grupos, tales como mujeres o niños, las personas con discapacidad no contaban con un instrumento jurídicamente vinculante ni con un Comité que velara por la protección de sus derechos de manera expresa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordó Peláez, en el mundo existen alrededor de 650 millones de personas con discapacidad, lo que se traduce en el 10% de la población mundial. De ellas, el ochenta por ciento (más de 400 millones de personas) viven en países pobres y cuentan con menos recursos para acceder a sus derechos por la falta de cobertura de sus necesidades básicas.

"IMPORTANTES AUSENCIAS"

La Convención, continuó esta experta, fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a partir de entonces hasta el momento actual ha sido firmada por 136 países, ratificada por 42 y ratificado igualmente su Protocolo Opcional Facultativo por 25.

"Aún así", denunció, "todavía hay importantes ausencias. Baste señalar que de la Unión Europea, por ejemplo, sólo la han ratificado Hungría, Eslovenia y Austria (por orden de ratificación), además de nuestro país. En cuanto al resto de países europeos, sólo podemos mencionar Croacia y San Marino".

OTRA CONCEPCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

El objetivo de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente.

Este cambio en la concepción de la discapacidad, explicó Peláez, supone cambiar la forma de abordar los derechos de las personas con discapacidad: hasta ahora, los asuntos que concernían a estas personas se dirimían en departamentos de asuntos sociales, con presupuestos que variaban en función de la voluntad política del momento, hablándose de "prestaciones" y no de "derechos".

Ahora, sin embargo, añadió, "habremos de trabajar por hacer efectivo un modelo social centrado en la persona, incorporando en todas las políticas públicas de forma transversal las cuestiones que afecten a la discapacidad, eliminando las barreras y obstáculos que la originan en todos los ámbitos de la vida; todo ello, teniendo presente el principio de autodeterminación".

Por último, Ana Peláez agradeció al Gobierno que tuviera en cuenta la propuesta del Cermi para designar a uno de sus miembros como uno de los 12 expertos que conformarán la Comisión de Seguimiento de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Me llena de satisfacción ver que la demanda del Cermi al Gobierno de España ha sido atendida y seamos las personas con discapacidad las que también podamos velar por el cumplimiento de lo contenido en la Convención, haciendo valer el principio de 'nada sobre nosotros sin nosotros'", indicó.

"Afronto esta misión con muchísima ilusión y gratitud al Cermi, a la ONCE y al Gobierno de España, por haber depositado su confianza en mí para llevar a cabo tan importante labor", concluyó Peláez.