Según indica el Cermi, estos menores, por su estatuto administrativo, no pueden acceder al reconocimiento del grado de discapacidad, "lo que impide el disfrute de las prestaciones y servicios del sistema de servicios sociales de la discapacidad".

Además, señala que estos casos, "al principio aislados", ahora "se están multiplicando sin que se cuente con dispositivos adecuados para afrontarlos", por lo que "las organizaciones de personas con discapacidad y otras entidades vienen atendiéndolos como pueden".

Por esta razón, solicitará que la reforma de la Ley de Extranjería incorpore esta demanda sobre los menores con discapacidad.