En un comunicado, el CERMI explica que estos menores, por su estatuto administrativo, no pueden acceder al reconocimiento del grado de discapacidad, requisito necesario para disfrutar en España de los servicios sociales que precisan.

Los casos de niños con discapacidad pertenecientes a familias no residentes "se están multiplicando sin que en estos momentos, por las trabas del ordenamiento jurídico existente, se cuente con dispositivos adecuados para afrontarlos", señala el citado comité.

Las organizaciones de personas con discapacidad y otras entidades vienen atendiendo estas situaciones como pueden, "pero el margen de maniobra es muy estrecho", con lo que se está extendiendo un problema social "especialmente preocupante", continúa la plataforma representativa de los discapacitados en España.

Por este motivo, el CERMI sugiere al Gobierno la necesidad de crear un grupo de trabajo que tras estudiar todos los factores en juego -sociales, jurídicos, etc.- formule propuestas concretas de revisión de la normativa vigente.