En un comunicado, el Cermi señala que a la luz de la Convención, no sería admisible una legislación en materia de interrupción del embarazo, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto ("graves taras físicas o psíquicas"), por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad.

A su juicio, los principios de la Convención de la ONU son contrarios a la aceptación del llamado aborto eugenésico, practicado para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, por considerarlo un supuesto discriminatorio que parte de la presunción de que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor al de una persona sin discapacidad, y por tanto se consiente un trato menos favorable.

El Foro Europeo de la Discapacidad, al que pertenece el Cermi, y otras entidades representativas de la discapacidad en diversas partes del mundo se han venido pronunciando en los últimos años en contra del aborto eugenésico, por considerarlo discriminatorio, visión que ha hecho suya la Convención de la ONU de 2006.

Al formar parte la Convención del ordenamiento jurídico español, debe revisarse la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo para derogar el supuesto de aborto eugenésico.

Una legislación en materia de interrupción del embarazo de plazos, en la que la circunstancia de la discapacidad no es relevante, no sería contraria a la Convención. Si se mantiene la regulación actual de despenalización sólo en ciertos supuestos, habría que suprimir el del aborto eugenésico, para respetar la Convención.