Entre otras cosas, pide que la Administración "no tenga contrato alguno con aquellas empresas que no cumplen la reserva de cuota de empleo para las personas con discapacidad".

El Cermi considera, por tanto, "fundamental" la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de medidas alternativas de carácter excepcional.

"Con esta medida no se crearía obligación alguna, sino que tan sólo se recordaría la misma y se exigiría que se acredite el cumplimiento de una obligación legal imperativa y exigible desde hace años en nuestro país", asegura el Cermi.

Además, recuerda que "actualmente se entiende que el grado de cumplimiento de dicha cuota no sólo no llega al preceptivo 2% como ordena la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), sino que se encuentra entre el 0,5% y el 1%".

Del mismo modo, el Cermi considera que esta medida "resultaría muy importante ante la actual coyuntura económica, al incidir muy favorablemente en la creación de empleo, y al reducir el gasto público o aumentar los ingresos, al generarlos de forma directa la actividad laboral de dicho sector en forma de impuestos y cuotas a la Seguridad Social".

También propone la exclusión de cualquier subvención pública de aquellas empresas que incumplan la obligación de reserva de empleo, ya que, según el Cermi, "debería estar condicionada".

Por otro lado, a efectos de lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite la reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo, o de su ejecución a programas de empleo protegido, el Cermi destaca que "sería muy positivo su incorporación al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible".

"Esta reserva legal para estas entidades, que desarrollan una importante función social, ayudaría al mantenimiento, crecimiento y potenciación de una estructura básica para la plena inclusión laboral y, por tanto, social, de los trabajadores con discapacidad".

El Cermi incide en que esta reserva de contratos muestra igualmente el compromiso de las Administraciones Públicas hacia las personas con discapacidad aplicando medidas de acción positiva.

"No sólo no generaría coste económico alguno, sino que incidiría favorablemente en la creación de empleo y en la productividad y competitividad".

Estas medidas tienen un "inequívoco fundamento" en el deber legal de los poderes públicos en nuestro país para adoptar medidas de acción positiva en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como de cumplirlas de modo efectivo.

Según el Cermi,"la inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser una prioridad de las Administraciones Públicas".