Ésta es una de las medidas que se contienen en un Informe elaborado por el CERMI ante la reforma pendiente de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que debe de ser modificada en el año 2006 para incorporar al Derecho español las previsiones de las nuevas Directivas de la UE sobre contratación pública aprobadas en el año 2004.

Dicho Informe ha sido remitido por el CERMI al Ministerio de Economía y Hacienda como departamento responsable de redactar el Proyecto de Ley de modificación de la ley de contratos de las Administraciones Públicas.

En materia de integración laboral, el CERMI solicita también que, con arreglo a lo dispuesto en las directivas europeas, la futura legislación española incluya la reserva de un tanto por ciento de los contratos públicos para su adjudicación directa a centros especiales de empleo, como medio para favorecer las posibilidades laborales de las personas con discapacidad.

A juicio del CERMI, la nueva legislación española ha de recoger como requisito obligatorio que las Administraciones Públicas sólo puedan adquirir bienes, especialmente en el caso de tratarse de nuevas tecnologías, que cumplan con unos protocolos previos de accesibilidad y diseño para todos.

Estos y otros aspectos sociales de la contratación pública serán analizados en un seminario de trabajo organizado por el CERMI y que tiene prevista su celebración el día 7 de octubre de 2005.