Para el responsable del CERMI, no hay que olvidar que la reserva de empleo público, como en el privado, no es una cuestión de voluntariedad sino que es un mandato legal que deben de cumplir todas las empresas.

Desde el movimiento asociativo de las personas con discapacidad se pide que se pongan todos los medios posibles, desde la inspección a las medidas alternativas.

Antes del año que viene el Estado debe de transponer una directiva sobre contratación pública, para lo que se ha pedido al Gobierno que las empresas no puedan participar en los procesos de contratación pública si no cumplen con la cuota de reserva o de medidas alternativas.

Según Pérez, una medidas similares deberían de ser adoptadas respecto a las subvenciones y ayudas que reciben las empresas de las administraciones públicas, "no podría entregarse ninguna deducción o subvención a una empresa que la pida y que no acredite que cumpla con la normativa sobre contratación de personas con discapacidad.

EMPRESAS SANCIONADAS

Por otra parte, un total de 94 empresas fueron sancionadas por la Inspección de Trabajo por incumplir la normativa de integración sociolaboral de discapacitados durante el último semestre de 2004, según datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP.

La Comunidad de Cantabria, con un total de 28 empresas sancionadas, encabeza el ranking de multas por incumplir la normativa, seguida por Canarias, con 18; Cataluña, con 17, y Baleares, con 13 compañías.

Además, la Inspección de Trabajo llevó a cabo también un total de 951 actuaciones relacionadas con la integración laboral de los discapacitados en empresas.