Para conseguir este objetivo, el Cermi propone en un comunicado modificar la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos, para que en los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública se reserve un mínimo del 6% de pisos accesibles con destino a personas con discapacidad.

Este porcentaje operaría como mínimo legal para toda España, permitiendo que las comunidades autónomas lo eleven más si lo consideran oportuno.

El cambio legal debe precisar además qué se entiende por vivienda accesible. A juicio de Cermi, es aquélla que, con arreglo a la normativa sectorial sobre accesibilidad que resulte de aplicación, puede ser habitada por las personas con discapacidad en condiciones de normalidad, usabilidad, seguridad y comodidad.

Asimismo, el Cermi propone ampliar la reserva actual, pensada sólo para personas individuales, a fin de que abarque también a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad.

Se extendería así la reserva a personas jurídicas, siempre que éstas destinen las viviendas a usos sociales de promoción de la vida autónoma, como viviendas tuteladas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.

El Cermi, plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad, aglutina a más de 4.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.