La Cámara Baja debe abordar en la semana próxima el debate de totalidad de este proyecto de ley, cuya remisión a las Cortes aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de julio, tras varios meses de tramitación previa de la iniciativa, producto del acuerdo entre el ministerio de Trabajo y Economía Social y el Cermi.

Según el Cermi, la extinción automática de la relación laboral por incapacidad sobrevenida del trabajador, permitida por el vigente artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, "constituye una discriminación grave por motivos de discapacidad, siendo contraria a los mandatos internacionales y europeos de derechos humanos y también al nuevo artículo 49 de la Constitución, tras la reforma de febrero de 2024, por lo que era necesario proceder a su modificación, objeto del proyecto de ley".

Sostiene que, además de atender los imperativos internacionales, el cambio en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores "favorecerá la permanencia en la actividad laboral de la persona devenida en incapacidad permanente, si es esa su voluntad, lo cual evitará el pase forzoso a la situación de pensionista, incrementando así las tasas de empleo de las personas con discapacidad".

El Cermi confía en el apoyo amplio de los grupos políticos a esta reforma "ineludible" del ordenamiento laboral "que dispensará un trato adecuado y respetuoso a los trabajadores con discapacidad sobrevenida". Desde el Cermi se están manteniendo contactos a lo largo de la tramitación parlamentaria con los ponentes del proyecto de ley para recabar el respaldo de los grupos políticos a la iniciativa legal, rechazando la enmienda a la totalidad y permitiendo que esta continúe su proceso legislativo en el Congreso.