Al parecer, agrega la nota, la aplicación de la nueva tarifa se ha encontrado con varios problemas técnicos. Por un lado, que el número de personas con discapacidad registradas en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales es menor al número real, y por otro, que el soporte informático de las máquinas dispensadoras del abono no acaba de ser efectivo. Sin embargo, para el Cermi esto "sólo son excusas sin una base real, y promesas incumplidas".

El sector asociativo de las personas con discapacidad afirma que el número de posibles beneficiarios no es tan elevado, ya que no todas las personas con discapacidad pueden utilizar un transporte público con plena autonomía. "Hablamos de una cifra sensiblemente inferior a la que puedan calcular en las distintas consejerías y no supondría un coste excesivo para la Comunidad", aseguró.

El Cermi considera que "desde la Administración no se están facilitando los medios necesarios para que las personas con discapacidad accedan al transporte público". Además, indica que este descuento ha sido una medida aprobada por iniciativa de la propia Consejería, "ya que el Cermi siempre ha reclamado un abono transporte específico para personas con discapacidad".

Para el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, "esto no es más que una medida de gracia que no satisface las necesidades del colectivo". Asimismo, añade que el retraso en la aplicación del acuerdo puede dar lugar a reclamaciones de usuarios que originen "un verdadero problema jurídico entre administración y administrado".