Además de expresar este apoyo, el CERMI ha pedido en un comunicao al ministro el "impulso en unos casos o la adopción en otros de una serie de medidas concretas tendentes a esclarecer los hechos denunciados, de extrema gravedad tanto por la flagrante desviación de los objetivos sociales que decía buscar ANDE como por la imagen negativa que puedan irradiar al sector de la discapacidad, y perseguir y depurar, en su caso, las infracciones cometidas".

Entre las medidas que el CERMI ha propuesto al ministerio figuran la separación de Fernando Martín Vicente como vocal el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad y la suspensión de ANDE como entidad representada en este órgano de encuentro del sector de la discapacidad y la Administración General del Estado.

El CERMI ha solicitado también la paralización de las subvenciones y ayudas que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el resto de ministerios y organismos públicos venían concediendo a ANDE y a su "entramado asociativo", tanto con cargo al 0,5% del IRPF como a otras partidas o líneas presupuestaris.

"El CERMI y sus organizaciones miembros han ofrecido al ministro su total y plena disponibilidad para asumir conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, caso de que fuese necesario, la gestión o asistencia que viene prestando ANDE a través de sus centros y residencias para personas con discapacidad, de modo que se garantice completamente la atención social que reciben los actuales beneficiarios de ANDE y se asegure la tranquilidad de las personas y familias de discapacitados que e buena fe vienen recibiendo algún tipo de prestación social de la entidad investigada", señala el comunicado.

Por último, el CERMI pidió al ministro Aparicio el traslado de oficio de los hechos conocidos hasta ahora por las denuncias de la prensa y de los resultados que arroje la investigación abierta al Ministerio Fiscal para que analice si, como parece, hay materia para iniciar un procedimiento penal.