Así se dio a conocer este jueves en la reunión del Comité Ejecutivo del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), en la que intervinieron la presidenta y la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Concha Díaz y Ana Peláez, respectivamente. En su exposición, las dos avanzaron el programa de trabajo de la entidad para el año en curso.

Según FCM, su intención es elevar esta propuesta legislativa al Parlamento y al Gobierno para que "la asuman, la tramiten y aprueben como ley".

La norma pretende cerrar el círculo de la abolición de la esterilización forzosa lograda por el Movimiento Cermi en 2020, para lo que se debe reconocer, reparar e indemnizar a las víctimas de esta práctica nociva que supone una violación de los derechos humanos.

La propuesta de FCM contendrá todos los aspectos precisos para establecer legalmente un marco de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas --la petición oficial de perdón por parte del Estado, la definición y categorización de la condición de víctima a efectos de esta Ley y el procedimiento que debe seguirse para lograr el pleno resarcimiento--, dentro de unos plazos marcados.

De igual modo, regulará el contenido de las medidas simbólicas y materiales de reparación, así como la cuantificación de la indemnización monetaria, entre otras cuestiones de interés para un proceso de estas características.

La FCM confía en que 2025 sea el año en que se alcance -o se avance significativamente-- en este propósito. Solo así se pondrá fin a los efectos una práctica aberrante que nunca debió ser admitida legalmente.

Además de esta iniciativa, Concha Díaz hizo un repaso de las acciones desarrolladas por FCM desde noviembre de 2024. Destacó la participación de la FCM en conferencias europeas donde se abordaron temas cruciales, como la esterilización forzada, la trata y la violencia de género contra mujeres con discapacidad.

También resaltó el protagonismo de cinco mujeres con discapacidad al leer el artículo 49 de la Constitución en el Congreso el día de la Constitución, así como la colaboración con Acnur para la atención de mujeres con discapacidad en contexto de asilo o refugio.