Según Peláez, debido a los mitos y estereotipos negativos y a la falta de conocimiento sobre la discapacidad, las mujeres y adolescentes con discapacidad sufren con frecuencia prácticas nocivas y maltratos que afectan de forma traumática a su salud sexual y reproductiva, con consecuencias a veces irreparables para sus vidas. “Todo ello provoca un mayor riesgo de sufrir explotación sexual, violencia sexual, embarazos no deseados y de padecer enfermedades de transmisión sexual, frecuentemente a manos de las personas más cercanas, sin que se sepa o se denuncie”, sentenció.

En su intervención, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Cermi Mujeres recordó a la Unión Europea y a sus Estados miembros su obligación de cumplir los principios y mandatos que establecen las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas (la Cedaw y la CRPD), así como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y la Directiva de la Unión Europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

Garantizar la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, poner fin a la violencia sexual y a las prácticas nocivas, y asegurar un acceso efectivo a la justicia, incluida la rehabilitación y reparación a las víctimas fueron algunas de las exigencias que expuso la presidenta del Comité Cedaw de Naciones Unidas durante su intervención.

Durante el evento se debatió con otras organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas sobre las buenas prácticas existentes en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad, así como sobre los retos a los que éstas se enfrentan en la Unión Europea y en otras partes del mundo.