A juicio del CERMI, el Ministerio de Economía y Hacienda, promotor de la iniciativa legislativa, no se ha hecho eco, en la fase de elaboración de la norma, de las demandas fundamentales del sector de la discapacidad, por lo que el comité planteará sus peticiones, a través de enmiendas, a los grupos parlamentarios, pidiéndoles su apoyo expreso.

Impedir que las empresas que no acrediten el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad puedan presentarse a licitaciones públicas, establecer como condición para poder contratar determinados productos y servicios la accesibilidad de éstos o reservar directamente un tanto por ciento de los contratos a centros especiales de empleo son algunas de las demandas no reflejadas en este proyecto de ley y que el CERMI planteará a los grupos parlamentarios.

Siguiendo el criterio de la Unión Europea, que en 2004 adoptó dos directivas sobre contratación pública que reforzaban la dimensión social y medioambiental, el CERMI entiende que desde el sector público se puede ayudar, si se legisla adecuadamente, a los objetivos de inclusión laboral, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.