Según recordó este comité, de acuerdo con lo establecido en la propia convención, cada Estado parte debe designar uno o varios organismos privados, independientes de la Administración, encargados de vigilar el cumplimiento del documento en cada país firmante.

El Cermi planteó al Gobierno, el pasado mes de septiembre, su interés en ser designado para este cometido, y formalizó oficialmente la solicitud a través del Consejo Nacional de la Discapacidad, "sin que hasta el momento el Ejecutivo haya respondido en ningún sentido", indicó el comité.

Por último, el Cermi subrayó que la falta de designación de este órgano "supone un incumplimiento de la Convención, que deja en mal lugar a España, que ha sido uno de los países europeos más activos en el impulso de este Tratado internacional".