Se trata de “la cuarta vez que comparecemos ante esta Cámara para defender esta ILP", dijo Pérez ante la Comisión de Xanidad y Consumo del Congreso, como representante de la comisión promotora.

Declaró sobre esta iniciativa que el “verdadero impulsor fue el movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Cermi”, la cual arrastra “casi 10 años de demora por falta de impulso y compromiso político e institucional”.

Todo ello “ha generado frustración y desafección”, por lo que “esperamos que esta (vez) sea la definitiva”, exigió. Por eso, pidió “encarecidamente” el apoyo de todos los grupos” a la toma en consideración de esta propuesta cuando se vote en el Pleno.

NUEVOS CRITERIOS

En su intervención, Pérez transmitió su gratitud y reconocimiento a los casi 740.000 ciudadanos y ciudadanas mayores de edad que apoyaron la ILP, que pide modificar la Ley 39/2006 para incluir una serie de medidas que pongan fin a lo que, a su juicio, resulta “un copago confiscatorio” por los servicios de dependencia.

Para empezar, reclamó que la norma incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.

Entre otros mínimos, propuso la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) para todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”), limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo). También defendió que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrocinio”.

CRÍTICAS

En su comparecencia, Pérez destacó el papel del Cermi en el proceso de aprobación de la Ley 39/2006 y en la creación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) como “nuevo dispositivo de protección ante las perentorias necesidades sociales no cubiertas”.

“Valoramos especialmente que se configurase como derecho subjetivo, universal y exigible”, prosiguió, aunque “no conseguimos apoyo para que la nueva prestación fuese gratuita”. “Transigimos con el copago, como mal menor y necesario para el lanzamiento y puesta en marcha del sistema, siempre que se regulara reglamentariamente en condiciones aceptables”, justificó Pérez.

Sin embargo, consideró que la ausencia de una normativa estatal vinculante, casi 20 años después de la aprobación de la ley, ha dado lugar a “un copago exacerbado”.

A su juicio, la situación actual provoca “grandes diferencias entre territorios”, “no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra; expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales (por no poder afrontarlo); y disuade de trabajar a las personas con discapacidad que pueden generar ingresos, pues funciona el perverso silogismo de ‘cuanto más ganes, más pagas’”.

Por último, en épocas de crisis, “invita a las comunidades a caer en la tentación de hacer que el sostenimiento del sistema recaiga en los usuarios”, advirtió.

CELERIDAD

Por todo ello, Pérez reclamó el apoyo de “la Cámara a la toma en consideración de esta ILP y a su tramitación y aprobación, sin postergarla ni dejarla dormir en el limbo”. Destacó que, durante la tramitación parlamentaria, esta propuesta “podrá ampliarse, podrá ensancharse, mejorarse e ir más allá”.

“Los Grupos podrán perfeccionarla, pero será en otro momento posterior”, indicó, sobre el que “ya volveremos cuando toque”. “Ahora lo que corresponde es tomarla en consideración y permitir que inicie su camino legislativo, acelerado, para compensar el tiempo perdido estos casi 10 años”, subrayó Pérez.

En su opinión, “las personas que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con discapacidad y mayores y sus familias hemos estado históricamente silenciadas e invisibilizadas”.

Apuntó que esta ILP para la modificación de la Ley de la Dependencia ya fue admitida a trámite en las tres ocasiones en que se planteó, aunque lamentó “la falta de voluntad” de cara a impulsar su trámite.

Según Pérez, la novedad ahora es el nuevo artículo 49 de la Constitución, que “refuerza” el mandato a los poderes públicos de garantizar “la inclusión social en entornos universalmente accesibles” de las personas con discapacidad.