En efecto, el Proyecto de Ley citada, que se encuentra en fase de ponencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, modifica la Ley de Jurisdicción Social de 2011 para atribuir expresamente a estos tribunales el conocimiento de las controversias judiciales que dimanen de la Ley 39/2006, dejando definitivamente la jurisdicción contenciosa-administrativa, más rígida, lenta y costosa.

El paso de una jurisdicción a otra ha sido una demanda sostenida del CERMI, que pretendía subsanar la anomalía de que una cuestión eminentemente social (la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia) estuviera en un ámbito jurisdiccional impropio, como el contencioso, con los consiguientes perjuicios para los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en caso de tener que pleitear contra la Administración.

El CERMI espera que el Congreso tramite con rapidez este Proyecto de Ley para su paso al Senado, y en pocos meses, esta medida pueda verse materializada, mejorándose de este modo la protección y tutela jurisdiccionales de los derechos sociales ligados al SAAD.