Pérez Bueno centró su exposición en dos ámbitos, el empleo ordinario y el protegido. De este último, alertó que "la actual crisis está azotando específicamente la actividad de los Centros Especiales de Empleo (CEE)", cuya plantilla de trabajadores está formada por el 70% de personas con discapacidad.

Algunos de los datos expuestos muestran que el 60% de los CEE redujeron su facturación durante el primer trimestre de 2009 en más de un 20% y el riesgo de destrucción de empleo afecta al 50%. Además, según estas previsiones de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem), el número de contratos formalizados "ha descendido en cantidades muy alarmantes".

Por todo esto, el presidente del Cermi propuso medidas para el empleo protegido como la creación de un fondo extraordinario de 100 millones de euros para la estabilidad del empleo en estos centros; elevar la ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo del 50% del Salario Mínimo al 75%; y subir también la ayuda por creación de nuevo puesto de trabajo para persona con discapacidad, "congelada desde el año 1985, en 12.000 euros".

También pidió a los diputados de la Cámara Baja que trasladen al Gobierno la petición para que ponga en práctica en la Administración General del Estado un Plan transversal de Compras Socialmente Responsables, para favorecer la contratación pública con CEE, así como con empresas que cumplan la reserva legal de empleo del 2% de personas con discapacidad.

Las medidas no normativas planteadas fueron la mejora de la financiación a través de iniciativas con el ICO, la agilización de las ayudas y subvenciones por parte de las Administraciones y la flexibilización en la gestión de partidas presupuestarias, para que los fondos para la creación de empleo puedan ser trasferidos al mantenimiento de los puestos ya existentes.

En el ámbito del empleo ordinario, Pérez Bueno pidió modificar la Ley 42/2006 para solventar los problemas de pérdida de bonificaciones por variaciones en la situación contractual de trabajadores con discapacidad; incrementar la cuantía de las bonificaciones, entre un 20 y un 30%, en función del tipo de trabajador; y establecer la presunción de contratación laboral de las personas con discapacidad que convivan con el familiar empresario.

Asimismo, en cuanto al régimen de ayudas para trabajadores autónomos con discapacidad, el presidente del Cermi pidió mejorar la bonificación, incrementándola del 50% al 75%, en el caso de hombres, y al 90% en el caso de mujeres; aplicar esta bonificación sobre la base de cotización que realmente se aplique y no sólo sobre la mínima; y hacerla indefinida, no limitada a cinco años como ahora, para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos.

Para terminar, Pérez Bueno recordó que "estas medidas suponen una inversión más que un gasto" y son necesarias para "continuar la tendencia de los últimos diez años encaminada a incrementar el número de trabajadores con discapacidad".