Moral recordó que, según datos del Ministerio de Vivienda más 800.000 inmuebles presentan problemas de accesibilidad para personas con discapacidad y mayores, por lo que "estas personas, 'prisioneras' en sus propias viviendas, ven comprometida gravemente su dignidad y sus derechos".

Las principales insatisfacciones del colectivo provienen de la regulación de las obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), por lo que durante su intervención, Oscar Moral propuso una serie de medidas legales que "si se acometen con urgencia se mejorará apreciablemente el acceso de las personas con discapacidad al bien básico de la vivienda".

La regulación actual es muy genérica y "claramente insuficiente", según Moral. "La obligación de accesibilidad está sometida al límite de coste de la obra o actuación", por lo que muchos trabajos de adaptación, cuando superan un coste de tres mensualidades, sólo se realizan si la mayoría de los propietarios acepta asumir ese coste.

En este sentido, Moral aseguró que la reforma de esta Ley sería un punto de partida para solucionar este problema y "conseguir la socialización del coste entre los copropietarios que nos acercaría a la regulación de países del entorno".

Por este motivo, el Cermi entregó a la Comisión un texto consensuado por el Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento de todos los miembros, donde se propone una reforma de esta Ley que establece un procedimiento obligatorio, al margen del coste, para la realización de actuaciones de accesibilidad cuando haya algún propietario con discapacidad o mayor de 70 años que lo requiera.

Moral defendió que se trata de una medida sostenible, que "no supone un incremento del gasto público" y "fomenta la autonomía personal en el medio habitual de la persona, evitando respuestas más costosas y poco normalizadoras como la institucionalización fuera de la vivienda".

Por este motivo, el Cermi pidió a la Comisión de Vivienda que inste al Gobierno a presentar un proyecto de ley, en el plazo de seis meses, de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad o presente una proposición de ley o enmienda conjunta de todos los Grupos a partir del texto consensuado en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad.

En este sentido, los grupos políticos representados en esta Comisión se mostraron favorables a estas medidas y manifestaron su apoyo para respaldar estas disposiciones.

Además de estas propuestas, el representante del Comité de la discapacidad planteó otras medidas de interés para el sector como la consideración de las personas con discapacidad como grupo preferente en las políticas públicas y la accesibilidad como prioridad de las políticas públicas estatales de rehabilitación de viviendas.

Moral planteó también elevar al 6% la reserva legal de viviendas protegidas a favor de personas con discapacidad, que actualmente es del 2%, y abrir las adjudicaciones de la reserva no sólo a particulares con discapacidad, sino también a entidades de la discapacidad sin ánimo de lucro.

Asimismo, pidió regular legalmente las auditorías previas de accesibilidad de obras e infraestructuras, crear el Fondo Estatal para la Accesibilidad y concluir, por parte del Gobierno, los desarrollos del real decreto de 2007 de condiciones básicas de accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y a las edificaciones.