En el informe el Cermi introduce una valoración general del proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia en el que señala que “esta ley representa un avance respecto a la regulación del derecho de defensa de las personas con discapacidad” ya que, según afirman, viene acompañada del establecimiento de una serie de normas que garantizan la accesibilidad universal en diversas materias que van desde el derecho a la asistencia jurídica a la protección jurisdiccional, pasando por el derecho de información o el derecho a la prestación de unos servicios jurídicos de calidad.

El Cermi considera “crucial” que el proyecto de ley incorpore la accesibilidad universal como una de las actuaciones que forma parte del derecho a la defensa y que es un elemento inescindible del derecho a la información, asistencia jurídica y relaciones que establecen las personas con discapacidad y la administración de justicia.

En el informe, el Cermi abogó por el derecho de defensa y asistencia jurídica adecuada para las personas con discapacidad en la nueva normativa. Esto conlleva que “se efectúen o soliciten las adaptaciones precisas para garantizar el derecho de accesibilidad cognitiva, de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, al proceso legal en el que participen”. Asimismo, y en este punto, el Cermi recuerda en el informe que aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita. “Esta será siempre accesible universalmente para asegurar el cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones”, reza el texto.

En este documento también se pone el foco en la importancia de que la accesibilidad y el derecho de información para las personas con discapacidad esté presente en la nueva ley. “La información debe prestar de manera clara, simple, comprensible y accesible universalmente de los procedimientos legalmente previstos para defender sus derechos e intereses ante los poderes públicos”, indica el texto. En este sentido, el Cermi recordó que, para garantizar este punto, se podrán utilizar los apoyos, instrumentos y ajustes que resulten precisos.

Desde el Cermi también expusieron la necesidad de que la futura ley garantice la accesibilidad de las resoluciones judiciales, los actos y comunicaciones procesales. “En el caso de personas con discapacidad con dificultades de comprensión, para la adaptación de oficio de actos de comunicación y de resoluciones judiciales las Administraciones de Justicia correspondientes utilizarán los medios o metodologías que mejor se adapten a las necesidades de la persona” indica el informe.

Por último, el Cermi y a pesar de valorar positivamente esta ley como se ha dicho anteriormente, lamenta que el legislador no incluyera en esta ley orgánica el tratamiento específico de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad para todo tipo de procesos, con independencia de sus recursos económicos. En este sentido, el Cermi solicitó que se reconozca este derecho ya que, según se expresa en el informe, “esta petición responde a una de las reivindicaciones sistemáticas expresadas por mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país”.