Según el citado comité, el informe es el primero de los que esta plataforma realiza cada año y se ha elaborado siguiendo la sistemática de los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Concretamente, el trabajo registra las violaciones o los casos de discriminación contra personas con discapacidad llegados al Cermi o que han trascendido a la opinión pública durante 2008.

De este modo, cada caso se analiza desde la perspectiva de la Convención, con arreglo a unos indicadores, que tratan de determinar el hecho o práctica discriminatoria, el derecho vulnerado, el responsable de tal violación, la eficacia de los mecanismos de defensa y las propuestas de actuación para que la vulneración no vuelva a producirse.

Además, el documento recoge información cualitativa sobre las medidas de acción positiva adoptadas por las Administraciones Públicas españolas para favorecer el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad declarados en la convención.