Así lo manifestó en la jornada sobre ‘La adecuación de los procedimientos y las personas con discapacidad en el ámbito penal y penitenciario' organizada por el Consejo General de Abogacía Española en el marco del programa Aula Abogacía y Derechos Humanos, que tuvo lugar ayer martes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, en Bilbao.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que el año que viene cumplirá sus primeros veinte años, y que el Cermi ha apoyado de manera permanente, “está llamada a seguir siendo el faro que ilumina la navegación en aguas tempestuosas para la igualdad y la vigencia de los derechos humanos”, señaló.

Saravia destacó que el ‘Informe de Derechos Humanos y Discapacidad España 2024’, recientemente publicado por el Cermi como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención en España, tiene por objetivo visibilizar las principales vulneraciones y recoger propuestas de mejora para el bienestar de las personas con discapacidad, que han tenido lugar durante el pasado año.

Entre los logros, citó las reformas del artículo 49 de la Constitución y hace muy poco el mismo artículo del Estatuto de los Trabajadores, para terminar con el despido automático de la persona con discapacidad sobrevenida. Aspecto sobre el que ahora se puede conocer mucho más gracias a la publicación del Libro Blanco sobre la Discapacidad Sobrevenida, con el impulso del Cermi.

Sin embargo, indicó que todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar la efectividad en la participación pública y política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La misma no será posible, enfatizó, si no se garantiza “la accesibilidad, es decir, asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender y utilizar. Se trata, por lo tanto, de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona”.

El CERMI ha querido subrayar la relación estrecha que hay entre la democracia y la participación plena en la vida política y pública de las personas con discapacidad. Según afirmó el delegado del Cermi, “una democracia inclusiva y efectiva debe garantizar que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y que en los procedimientos judiciales en los que participan lo puedan hacer en un pie de igualdad”.

En un momento en que la democracia se enfrenta a numerosos desafíos en todo el mundo, “la accesibilidad universal es otra de las necesidades más acuciantes de las personas con discapacidad, entendiéndola desde una perspectiva comunicacional, en especial. Para ello es necesario aumentar los subtitulados, la lengua de signos, los medios de comunicación alternativos o aumentativos, los pictogramas, el braille, etc., y todo lo que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, nos está abriendo como posibilidad y que tiene que ver con las nuevas tecnologías de apoyo para así garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión de las personas con discapacidad”, añadió.

Durante su intervención, Saravia puso especial foco entre los sectores más vulnerables, siendo estos las niñas y mujeres con discapacidad. El nuevo artículo 49 de la Carta Magna ordena que se atiendan particularmente las necesidades específicas de mujeres y menores de edad con discapacidad, mientras que los artículos 6 y 7 de la Convención reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, por lo que se deben tomar medidas específicas para garantizar su desarrollo, protección y empoderamiento.

En cuanto a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras, uno de los ejes centrales de la intervención del representante del Cermi, dijo que se debe hacer hincapié en la necesidad de garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social, a la vez que resaltamos la participación de organizaciones representativas de personas con discapacidad. En este sentido, “tanto la Convención que dedica su artículo 19 a la vida independiente de las personas con discapacidad dentro de la comunidad como el artículo 29 que se refiere a la participación política y en la esfera pública de las personas con discapacidad, nos hablan de la importancia que tiene la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad”, apuntó.

Por último, Saravia señaló los principales asuntos pendientes en España para la próxima revisión que como Estado le corresponderá ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el llamado a los poderes públicos que tienen la responsabilidad de impulsar políticas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad, adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro tipo necesarias para garantizar el cumplimiento de este tratado internacional de derechos humanos.