Según recordó hoy el Cermi, desde el 1 de enero de este año todas las páginas de Internet de entidades pertenecientes al sector público deben ser accesibles, y su incumplimiento puede ser sancionado con multas de hasta 90.000 euros.

El Cermi asegura que comprobará la accesibilidad de las webs públicas más relevantes y, en caso de que incumplan la normativa, lo denunciará ante la Dirección General de Discapacidad del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.