Ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, el presidente del Cermi llamó a diseñar “un nuevo modelo de financiación”, ya que considera que el actual es “insuficiente, fragmentario y muy dependiente del sistema de subvenciones”, que suelen ser anuales e impiden a las asociaciones “planificar y desarrollar proyectos a medio plazo”. Por ello, pidió elevar del 0,7% al 1% el porcentaje del IRPF y del Impuesto de Sociedades que se destina a entidades sociales sin ánimo de lucro.

Pérez Bueno destacó “la particularidad de España frente a otros países de nuestro entorno”, pues “cientos de servicios,programas y apoyos a personas con discapacidad son prestados por organizaciones sociales” promovidas por las familias o los propios interesados.

Esto se debe a que hace 70 o 60 años el Estado no asumía tales funciones, explicó, y no había ninguna oferta que diese respuesta a las necesidades de estas personas.

Dichos servicios, que las organizaciones sociales ofrecen “por delegación de las administraciones públicas o por concierto”, corren “un serio peligro” de continuidad debido a la falta de recursos, alertó.

En su opinión, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la imposibilidad de aumentar la financiación prevista para el año pasado “no es ninguna buena noticia” y sitúa a muchas de estas entidades "en una situación calamitosa”.

Destacó la subida continua del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que valora, "porque hay que remunerar de forma adecuada a nuestros profesionales”, pero indicó que ha tenido un gran impacto en el sector. “Ha sido asumida en solitario por esa entidad que gestiona un centro de día, una residencia o un servicio de empleo”, señaló. Dijo que para muchas de estas entidades resulta “inasumible” y, por ello, insistió en que es necesario aumentar esos fondos.

Asimismo, pidió que las entidades del Tercer Sector disfruten de “una especie de exención respecto a la ley de desindexación de la economía española” de 2015, por la que aquellas asociaciones que prestan servicios en régimen de concierto “no pueden repercutir las subidas asociadas al IPC o los aumentos salariales”. Si esto no se corrige, “el sector social terminará por retirarse de prestar estos servicios”, advirtió el presidente del Cermi.

ESPIRAL DE CAMBIOS

En su intervención, también mencionó la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituyó el término ‘disminuido’ por la expresión ‘personas con discapacidad’ y reforzó la protección que los poderes públicos han de prestar a la inclusión social de este colectivo.

A su juicio, se trató de “un avance de país” que situó a España “a la vanguardia del constitucionalismo social en materia de discapacidad en el mundo”. Dicha reforma “no es neutra”, prosiguió, sino que va a surtir efectos.

En concreto, “nos dota de nuevas, ambiciosas y exigentes bases para las tres próximas décadas", y defendió que esta reforma “debe desatar una espiral de cambios, acelerar procesos y reforzar la promoción, la protección y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad”.

“No es una estación de llegada, sino de partida” que aseguró implica una serie de cambios normativos. Por este motivo, reclamó modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para “acompasarla al nuevo precepto constitucional”, y aprobar los desarrollos reglamentarios pendientes de esta norma, como el real decreto de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Asimismo, demandó la modificación de la Ley General de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que debe “ser rescrita toda en clave de autonomía personal, vida independiente e inclusión en la comunidad”.

Luis Cayo Pérez Bueno se refirió en este punto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Cermi en 2015 que pide acabar con el “copago confiscatorio” para el acceso a estas prestaciones que en la actualidad recae sobre los usuarios. La iniciativa se encuentra pendiente de tramitación en el Congreso.

Dentro de la reforma de la Ley de Dependencia, pidió también impulsar la figura del asistente personal, que hoy en día supone apenas el 1,5% de las prestaciones concedidas dentro del sistema. “Hay comunidades donde aún no se ha regulado y no se concede”, denunció.

Además, instó al Gobierno central a “regular un régimen de contratación especial para estos profesionales, que evite “abusos” como el recurso a contratos de empleo en el hogar y que “dé seguridad a ambas partes”.

Asimismo, llamó a seguir trabajando en la Estrategia Española de Desinstitucionalización y reclamó la equiparación legal de las situaciones de dependencia al grado mínimo del 33% de discapacidad.

Por otro lado, el presidente de Cermi exigió el fin de los internamientos y tratamientos forzosos por razón de problemas de salud mental, reforma que afectaría a las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Autonomía del Paciente. En su opinión, esta posibilidad legal supone “la mayor vulneración de derechos” vigente en nuestro ordenamiento