Estas obligaciones de accesibilidad al contenido deben abarcar la subtitulación, la audiodescripción y la emisión en lengua de signos, de forma que las personas con discapacidad tengan garantizado el acceso normalizado a la programación televisiva y a sus contenidos.

España carece con carácter general de normativa reguladora de la accesibilidad audiovisual al contenido, a pesar de los mandatos de la Ley 51/2003 que obligaba al Gobierno a aprobar en el plazo de dos años unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a los medios de comunicación, incluidos los audiovisuales.

El Cermi considera urgente colmar esta laguna del ordenamiento jurídico con el fin de que España cumpla los compromisos adquiridos al ratificar la Convención de la ONU.