Por estos motivos, el sector social de la discapacidad, representado por el Cermi, ha solicitado, mediante un escrito del pasado 10 de julio, la revisión de la normativa de acceso a estos organismos.

Según esta plataforma, existen determinadas "exclusiones que no se basan en requisitos profesionales determinantes para desempeñar la actividad".

Muchas de estas exclusiones, según el Cermi, se realizan atendiendo a valoraciones discriminatorias, como "defectos físicos o anomalías (...) que (...) supongan un riesgo o rechazo para las relaciones sociales y la convivencia del cuerpo".

Estas disposiciones, así como otras de carácter autonómico o local, pueden constituir, según el Cermi, elementos discriminatorios contrarios a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a la Constitución Española y a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal.

Por este motivo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad pide la intervención del Defensor de Pueblo para que el Gobierno modifique la norma denunciada y reponga los derechos de las personas con discapacidad.