Las obras de este centro se encuentran en la plaza de José María Orense de Valencia y son algunos vecinos de la zona los que se oponen a la contrucción del mismo.

"Para los representantes de las personas con discapacidad y sus familias, tanto a escala estatal como autonómica, los comportamientos de estos vecinos, que han ejercido violencia material contra las obras de construcción del centro, derribando vallas y dañando bienes, materiales y maquinaria, obedecen a una clara actitud de discriminación y hostilidad contra las personas con discapacidad, a las que no consideran 'dignas' de participar en la vida comunitaria, disfrutando de un servicio más como el centro social que se está construyendo", asegura el CERMI en un comunicado.

Las asociaciones de discapacitados estudian ejercer acciones legales contra los responsables e inductores de estos actos, a los que demandarán por acoso contra las personas con discapacidad.

El ordenamiento jurídico español prohíbe el acoso a las personas con discapacidad que, con arreglo a la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, se define como "toda conducta relacionada con la discapacidad de una persona que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo", razona el CERMI.

Los representantes de las personas con discapacidad reclaman a los poderes públicos valencianos con responsabilidad en materia de seguridad ciudadana la protección permanente de las instalaciones del centro que promueve AVAPACE y la persecución con todo el rigor legal de los sujetos responsables e instigadores de los comportamientos violentos e intimidatorios.

Asimismo, hacen un llamamiento a todas las autoridades valencianas, a la sociedad civil articulada y en especial al movimiento vecinal para que condene públicamente y muestre su total rechazo "a estas conductas impropias de una sociedad democrática avanzada en la que todos sus miembros son ciudadanos de pleno derecho".