Estos documentos tienen como objetivo principal asegurar que “la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia sea plenamente inclusiva y no genere nuevas barreras para este colectivo”, señaló Cermi CV en un comunicado.

La entidad, que comparte la necesidad de adoptar medidas para mejorar la calidad del aire y combatir el cambio climático, advirtió que estas no pueden implementarse a costa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad como el derecho a la movilidad personal, la autonomía y la inclusión social.

Todos ellos derechos reconocidos tanto en la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, que insta explícitamente a fomentar la accesibilidad universal.

POR UNA VALENCIA ACCESIBLE

"Apoyamos las medidas por una Valencia más limpia y saludable, pero es fundamental que esta transición sea justa y no deje atrás a nadie. Las personas con discapacidad a menudo tienen necesidades de movilidad específicas que deben ser atendidas con flexibilidad y sensibilidad”, manifestó el presidente de la entidad, Luis Vañó. En este sentido, Cermi CV presentó un conjunto de alegaciones que abordan numerosos aspectos tanto de la Ordenanza como del Proyecto ZBE.

Así, mostró su preocupación por la necesidad de mayor flexibilidad en las excepciones para Personas con Movilidad Reducida (PMR) puesto que “la limitación actual a un solo vehículo por tarjeta de estacionamiento PMR se considera insuficiente y desconectada de la realidad”. Muchas PMR dependen de diversos vehículos (familiares, cuidadores, asistentes personales) para sus desplazamientos esenciales.

El Cermi CV propuso el registro de múltiples vehículos o vincular la exención a la persona titular, y crear mecanismos ágiles para accesos puntuales adicionales necesarios y justificados. Asimismo, reclamó Accesibilidad Universal garantizada. Es decir, se exige que todos los procedimientos (registro, solicitudes), la información (campañas, web municipal) y los canales de atención ciudadana (telefónico, presencial, telemático) sean plenamente accesibles según la normativa vigente, incluyendo formatos como lectura fácil, lengua de signos, y atención a la brecha digital con canales no digitales robustos.

De otro lado, Cermi CV pidió que se valore la exención, caso por caso, de vehículos técnicamente ‘contaminantes’ pero que sean imprescindibles por adaptaciones específicas para PMR con necesidades complejas, si su sustitución es inviable.

Instó a incluir la consulta preceptiva y la participación del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad y entidades como el Cermi CV en el seguimiento, revisión y modificación futura de la ZBE y sus anexos, garantizando que la perspectiva de la discapacidad sea considerada en todo momento.

Además, propuso un Análisis de Impacto Inclusivo y criticó que los documentos no analicen suficientemente el impacto específico sobre las personas con discapacidad como grupo vulnerable, ni la interseccionalidad (discapacidad con género, edad, renta). Asi, se solicitó profundizar en estos análisis y en las medidas compensatorias para PMR con bajos ingresos dependientes del vehículo privado.

También planteó añadir Indicadores de Seguimiento Específicos que midan directamente la experiencia de movilidad de las PMR dentro de la ZBE y la eficacia de la gestión de sus excepciones. Se señaló la necesidad de formación específica para la Policía Local sobre la normativa ZBE aplicada a PMR, y de buscar la interoperabilidad con ZBE de otras ciudades para facilitar los desplazamientos. Por último, se reclamó un compromiso explícito para vincular la ZBE con la mejora efectiva y potenciada del transporte público accesible como alternativa real.

“Confiamos en que el Ayuntamiento de Valencia acogerá nuestras propuestas para construir una ZBE verdaderamente inclusiva, que respete los derechos y la dignidad de toda la ciudadanía", concluyó Luis Vañó.