En el encuentro también estuvo presente el jefe de la Unidad de Integración de Personas con Discapacidad de la Comisión Europea, Johan Ten Geuzendam, y la jefa adjunta de esta misma unidad, Inmaculada Placencia.

Durante su intervención, Almunia destacó que se trata de una directiva horizontal, "no tan completa como al movimiento asociativo de la discapacidad le hubiese gustado, pero que protege a todos los sectores vulnerables y cubre todos los ámbitos donde hay posibilidad de discriminación".

El comisario europeo aseguró que debían elegir entre hacer una directiva horizontal, más general aunque no tan amplia, o avanzar en la propuesta hecha por el Cermi, bajo el riesgo de dejar fuera a otros sectores.

En su opinión, aunque esta directiva no cumpla todas las expectativas de la discapacidad, se trata de una herramienta importante. Almunia animó a respaldar esta propuesta y a trabajar para que en la próxima legislatura europea se pueda conseguir una directiva sectorial y específica para las personas con discapacidad.

En este sentido, el Comisionado del Cermi para Asuntos Internacionales, Alberto Arbide, recordó la necesidad de una directiva europea trasversal que tenga en cuenta la discapacidad en todas las políticas europeas.

ARTÍCULOS EN DESACUERDO

Por su parte, Ana Peláez, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) por parte del Cermi y directora de Relaciones Internacionales de la ONCE, explicó cada uno de los puntos de discordia que esta directiva europea presenta para las personas con discapacidad.

Peláez criticó la falta de ambición de la propuesta, las provisiones con restricciones, una redacción no clara, con contradicciones y una ausencia de temas importantes para las personas con discapacidad.

En concreto se refirió a varios artículos, entre ellos el apartado 7 del artículo 2, donde se hace referencia a la prestación de servicios financieros que podrán "permitir diferencias proporcionadas en el trato cuando, para el producto en cuestión, la utilización de la edad o de la presencia de la discapacidad sea un factor fundamental en la evaluación del riesgo".

Según Peláez, esto entra en contradicción con los artículos 12 y 25 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, además, supone la denegación del acceso a los seguros y productos financieros por suponerles un riesgo alto.

Asimismo, esto induce a una concepción errónea del cálculo de riesgo en relación con la discapacidad. Por este motivo, el Cermi y el EDF proponen suprimir el párrafo 2.7 de este proyecto de directiva.

Otro de los artículos en desacuerdo es el 3, que supone, según Peláez una limitación del derecho a la educación inclusiva. Se establece, además, el "peligroso precedente" de que los Estados miembro sean libres de organizar sus sistemas de educación con necesidades especiales y no se prevén provisiones para el acceso individualizado.

Respecto al artículo 4, que habla específicamente de la igualdad de trato de las personas con discapacidad, se considera "insuficiente" para el movimiento de la discapacidad ya que no define el concepto de "acceso efectivo y no discriminatorio", no incluye el concepto de "accesibilidad universal", ni las condiciones de acceso y no tiene en consideración asuntos primordiales para las personas con discapacidad.

Por último, el Cermi y el EDF consideran negativo el hecho de que en el artículo 5, sobre acciones positivas, no se plantee un trato preferencial a las personas con discapacidad.

Durante la celebración de esta jornada intervinieron otros expertos del mundo de la discapacidad como el asesor de Fundación ONCE, Stefan Trömel, y Francisca Pleguezuela, representante del Grupo Socialista Europeo del Parlamento Europeo.