Al acto, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad, acudieron el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; y la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez; así como personas con discapacidad que ya se beneficiaron anteriormente de estas ayudas.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, explicó que “los derechos de las personas con discapacidad deben estar estructurados y reglados, como con el sistema educativo, los servicios sociales o el sistema de salud”, y que estos derechos “se traducen en apoyos, que son la materialidad que las personas con discapacidad necesitamos para ejercerlos sin restricciones ni limitaciones”.

Sin embargo, aseguró que hay aspectos a los que los sistemas públicos “no llegan en toda extensión e intensidad”, como las becas para la formación y la cualificación, por lo que, “hasta que llegan esas ayudas, como derecho subjetivo, hay que crear un banco de pruebas donde se determinan las carencias del sistema público y se proponen y se maduran soluciones”. “Es una innovación de política pública para, una vez comprobada, llevarla a los sistemas públicos estructurados”, indicó en alusión al programa.

Pérez Bueno también destacó que la convocatoria se dirija especialmente a las personas con discapacidad que mayores apoyos necesitan para ejercer los derechos más básicos, ya que, dijo, “para hacer justicia es necesario dar más al que menos tiene”.

En el mismo sentido se manifestó la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez, quien señaló la importancia del derecho a la educación, que “es un derecho fundamental para todas las personas, pero particularmente para garantizar la igualdad de género”. “El derecho a la educación tiene un valor instrumental muy importante para las personas con discapacidad particularmente vinculado a la realización de los demás derechos”, indicó.

Así, celebró que la convocatoria ponga la mirada “precisamente en los sectores más desfavorecidos dentro de la discapacidad como las mujeres”, al tiempo que ha señalado la brecha de género existente en el ámbito académico y ha reclamado una mayor investigación e información sobre la realidad de las mujeres con discapacidad en ámbitos como el de la educación. “Si no queremos dejar a nadie atrás tenemos que pensar en las mujeres y niñas con discapacidad”, sentenció.

Por su parte, el ministro Pablo Bustinduy destacó que el objetivo del programa es que los derechos reconocidos de las personas con discapacidad “se traduzcan en realidad”. Asimismo, recordó que el fin “no puede ser solo apoyar a las personas con discapacidad, sino hacer universal la condición de ciudadanía”.

“La idea es favorecer el desarrollo de proyectos formativos y académicos y una de las virtudes del programa es su flexibilidad, que puedan dedicarse a una pluralidad de factores y herramientas que hagan más fácil ese programa formativo”, indicó el ministro, para quien es clave “centrarse en aquellos que sufren una doble o incluso triple discriminación”.

El IV Programa Reina Letizia para la Inclusión cuenta con un fondo de más de cinco millones de euros de presupuesto público y hasta 10.000 euros por persona, que serán destinados a que las personas con discapacidad puedan financiar su proyecto académico y cubrir gastos directamente vinculados a esta formación.

Las ayudas se podrán solicitar a través de la página web del Real Patronato sobre Discapacidad hasta el día 22 de julio de 2024, y puede hacerse de forma online o presencial.