Tal y como indicó la entidad, la aprobación de la normativa llevada a cabo este miércoles por una amplia mayoría dota de un estatuto europeo aplicable a todas las personas con discapacidad que hasta ahora dependían casi en exclusiva de la normativa de cada Estado.

Eso, a su juicio, “supone un avance considerable para una Europa más social que incluya a las personas con discapacidad, a pesar de no recoger todas las demandas del movimiento social de la discapacidad europeo y español y al hecho de que el progreso se está dando lentamente”.

En concreto, destacó que con la nueva normativa las personas con discapacidad gozarán de una mayor movilidad en toda la Unión Europea, “ya que sin apoyos y sin correspondencia de acompañamiento en cada uno de los Estados, la libre circulación de personas con discapacidad se dificulta debido a que fuera de su país no tienen reconocidos los mismos servicios, apoyos o acompañamiento que tienen en el suyo propio, lo cual disuadía hasta ahora la posibilidad de plantearse estancias prolongadas en el extranjero para estudiar, trabajar o para otros fines culturales o de ocio”, añadió.

Asimismo, explicó que la nueva regulación implica que las personas con discapacidad a escala de la Unión Europea serán reconocidas ya no solo por el estatus del que gocen en su país, sino por una regulación homologada en todo el ámbito de la Unión, que permitirá avanzar hacia el objetivo “irrenunciable” de que la situación de discapacidad declarada en un país tenga absoluta correspondencia en los demás.

Sin embargo, el Cermi aclaró que todavía queda un periodo largo para que esta normativa se cumpla en cada uno de los Estados, puesto que estos han de trasponerla a su ordenamiento jurídico con unos plazos que la entidad catalogó de “demasiado amplios”.

Por este motivo, representantes del Cermi solicitaron al Gobierno que “consuma el menor plazo posible para que en cuestión de meses esta directiva europea forme parte de nuestro ordenamiento jurídico en forma de ley para que las personas con discapacidad tanto nacionales como europeas que nos visiten, puedan beneficiarse de las ventajas prácticas que esta normativa llevará consigo”.

Por último, resaltaron “la implicación y liderazgo ejercido desde el movimiento social de la discapacidad encabezado por el Cermi, que ha sido una de las fuerzas cívicas movilizadoras en el ámbito político y parlamentario para que la directiva haya dado sus frutos”; y agradecieron al Gobierno de España y al Ministerio de Derechos Sociales su “impulso decidido” en favor de la aprobación de esta directiva el pasado año con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.