En un comunicado, reclamó al Gobierno de España "encabezar política y diplomáticamente el impulso político para que este nuevo tratado de derechos humanos se adopte con agilidad y ambición en el seno de la Unión Europea".

A su juicio, la resolución consensuada en el seno de este órgano de la ONU constituye una importante victoria para los derechos humanos y el multilateralismo en un momento de creciente incertidumbre internacional".

Cermi denunció que las personas mayores en todo el mundo "sufren a diario una amplia gama de violaciones de derechos humanos", como violencia y maltrato; discriminación por edad; exclusión social, económica y política; mayor pobreza; negación del acceso a servicios de atención y apoyo; seguridad social inadecuada e insuficiente; abandono en el caso de emergencias y abusos en conflictos armados.

En 2024, un Grupo de Trabajo de la ONU sobre el Envejecimiento reconoció las lagunas existentes y destacó la necesidad de abordarlas, incluso mediante un nuevo tratado de la ONU, sentando las bases para la acción del Consejo de Derechos Humanos.

Las personas mayores y las organizaciones de la sociedad civil han participado durante más de una década en los procesos de la ONU en Nueva York (EEUU) y en Ginebra (Suiza), de cara a obtener apoyo para un nuevo tratado internacional.

Un grupo de países, compuesto por Argentina, Brasil, Gambia, Filipinas y Eslovenia, impulsó esta iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de la ONU.

La primera reunión del grupo de trabajo intergubernamental está prevista para antes de finales de 2025. Por ello, Cermi instó al Gobierno de España a unirse a este grupo de trabajo, que "debe proceder con celeridad y garantizar la participación de las partes interesadas, especialmente de las personas mayores y las organizaciones que las representan en todas las regiones del mundo".