La nueva legislación amplía los casos en los que se pueden utilizar obras o prestaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de los autores de las mismas o de los titulares de los derechos.

Entre estos supuestos, destaca la utilización de obras por personas con discapacidad, que hasta ahora era sólo posible para reproducción en lenguaje braille para personas ciegas, y que se extiende a todas las discapacidades y a otras utilizaciones.

"De este modo, se eliminan trabas jurídicas que impedían o dificultaban el acceso de las personas con discapacidad a determinadas obras, ya que cualquier adaptación o ajuste para hacerlas accesible precisaban de autorización del titular del derecho de propiedad intelectual", señaló el CERMI en un comunicado.

La ley aprobada transpone al ordenamiento jurídico español una directiva comunitaria de 2001, conocida como Directiva de la Sociedad de la Información, que tenía que haber sido incorporada al Derecho nacional antes del 22 de diciembre de 2002. El CERMI denunció en diversas ocasiones ante la Unión Europea y el Parlamento español el retraso en acometer la transposición de esta directiva, que perjudicaba los intereses y expectativas de las personas con discapacidad para acceder en mejores condiciones a las obras de creación.

Durante la fase de elaboración del proyecto de ley, el CERMI ha mantenido conversaciones y ha formulado aportaciones al Ministerio de Cultura y a los Grupos Parlamentarios del Congreso y el Senado para que la regulación de los aspectos de discapacidad respondiera a las necesidades de este grupo social.