La iniciativa de Sumar busca que los contratistas de las Administradoras, entre los que se encuentran muchas entidades sociales, puedan revisar los precios establecidos en licitaciones de los servicios cuando se produzcan incrementos salariales derivados de disposiciones normativas obligatorias (como los reales decretos de salario mínimo interprofesional) o de los convenios colectivos aplicables.

Con la normativa vigente en materia de contratos del sector público y de desindexación, actualmente no es posible alterar los precios iniciales establecidos en las condiciones de la licitación adjudicada. El Cermi explicó que esto "provoca graves perjuicios para el contratista que ha de asumir sin compensación los aumentos salariales a que viene obligado" porque los costes de las organizaciones suben por ley de manera automática pero la administración no eleva en la misma proporción el pago correspondiente.

En el caso de las entidades sociales, estas restricciones para revisar las condiciones económicas de los contratos por decisiones salariales sobrevenidas respecto de las que el adjudicatario no tiene ningún control "lleva a situaciones de gran desequilibrio financiero, comprometiendo la continuidad no solo de la prestación del servicio sino de la propia organización social".

Aunque la iniciativa de Sumar se limita solo a los costes salariales, y no comprende aspectos como suministros energéticos y similares, el Cermi destacó que "es un avance relevante en relación con el marco normativo actual", por lo que reclamó a todos los grupos de la Cámara que la apoyen.