Mario García, vicepresidente de CERMI y presidente de la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe), ha señalado que el reconocimiento legal de estos dos supuestos "es una gran noticia para nosotros porque llevábamos bastantes años intentano que se reconocieran esos dos supuestos".

El Grupo Popular del Senado ha presentado varias enmiendas al proyecto de Ley de Jubilación Gradual y Flexible, una de las cuales establece que la edad de jubilación anticipada (que se sitúa con carácter general en los 61 años) "podría ser reducida en el caso de personas minusválidas en un grado de minusvalía igual o superior al 65%".

Según Mario García, "está prácticamente demostrado, por estudios médicos cualificados, que a partir de los cuarenta añosun gran discapacitado hay que sumarle quince años más de edad laboral. Por tanto, nuestra jubilación tendría que rondar la edad de los cincuenta años. Ya veremos en qué edad se establece finalmente esa posibilidad de prejubilación, pero el reconocimiento de la misma es ya un avance importantísimo en cuanto al sistema de pensiones de este país".

Otra de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de Ley de Jubilación Gradual y Flexible propone que la existencia de lesiones o secuelas físicas anterores al alta en la Seguridad Social de un trabajador discapacitado no impida que se le otorgue posteriormente, si se dan las circunstancias necesarias, la incapacidad permanente.

El vicepresidente de CERMI señala respecto a este tema que "hasta ahora, cuando un discapacitado solicitaba la incapacidad permanente, los tribunales médicos siempre aducían que eso era consecuencia de la discapacidad adquirida y que no procedía la concesión". Sin embargo, según Mario García, "a ningún trabajador, cuando accee al mundo laboral se le hace un reconocimiento médico para ver si tiene o no algún tipo de enfermedad. Por tanto, nosotros entendíamos que debíamos tener un tratamiento igual al resto de los trabajadores".

El CERMI, recordó Mario García, llevaba bastante tiempo "negociando con el Gobierno y con los distintos grupos parlamentarios el reconocimiento de estos supuestos", y recuerda que tanto él como el presidente del Comité, Alberto Arbide, los plantearon como básicos cuando comparecieron en la Comisiónparlamentaria sobre el Pacto de Toledo.

Desde el CERMI también se solicitó a los grupos políticos la posibilidad de que se compatibilice el cobro de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva con la realización de un trabajo remunerado. Aunque esta propuesta no ha sido recogida en las enmiendas presentas por PP, el CERMI pedirá su inclusión durante la tramitación de la reforma de las prestaciones por desempleo.