Según el Cermi, son todavía muchos los colegios electores que carecen de condiciones de accesibilidad universal, por lo que "el derecho fundamental al sufragio que caracteriza a los sistemas democráticos se ve impedido o dificultado para gran número de personas con discapacidad".

Por ello, exige que el Gobierno apruebe el real decreto de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, pendiente de desarrollo desde el año 2003, cuando se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal.

"No dispondremos de una democracia inclusiva que permita la plena participación de todas las personas, con independencia de sus diferencias, si los procesos electorales no se diseñan en clave de accesibilidad universal", afirma el Cermi.