El acto de apertura de la jornada corrió a cargo de la directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria De los Ángeles García Vidal y de la directora ejecutiva del Cermi Estatal, Pilar Villarino.

Seguidamente se dio paso a una mesa redonda sobre la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad, moderada por la fiscal y asesora de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, Yolanda Gutiérrez García, y en la que participaron el asesor Jurídico del Cermi Estatal, Óscar Moral Ortega; la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), Isabel Caballero Pérez; y el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi Estatal, Gregorio Saravia Méndez.

Caballero quiso trasladar la especial significación que cobra al hablar de la accesibilidad en la Justicia para las mujeres con discapacidad, ya que los datos estadísticos que ofrecen los registros oficiales de la delegación del gobierno afirman que “un 10% de las mujeres asesinadas tenían una discapacidad acreditada”, y que “en la última Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se señalaba que el 17, 5% de las mujeres con discapacidad encuestadas reconocían que su discapacidad era producto de la violencia machista”.

Por su parte, Saravia declaró que “el derecho de acceso a la justicia es un derecho transversal que debe interpretarse en consonancia con todos los principios y obligaciones de la Convención”, y añadió que “el Comité y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas han destacado que todavía existen varios elementos que obstaculizan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, como la accesibilidad y acceso a la información, los ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, el derecho a exigir justicia y a comparecer en juicio, la presunción de inocencia, así como la asistencia jurídica gratuita”.

Junto con el Cermi, todas las entidades participantes en la jornada trasladaron la necesidad de una mejora en el ámbito de la Justicia para las personas con discapacidad, sobre todo la existencia de un desarrollo reglamentario y la figura de la persona facilitadora procesal que ayuden a la comunicación, así como al acompañamiento y guía de este colectivo tan vulnerable dentro de la ciudadanía.

Además, estas organizaciones denunciaron la existencia de barreras físicas y cognitivas, la falta de accesibilidad sensorial, de ajustes en la comunicación, de la falta de apoyo personas dentro de un proceso ya sea con jueces o policías, de protocolos de funcionamientos, de la falta de especialización de los profesionales específicos para personas con discapacidad, así como de la falta de formación específica por parte de los operadores jurídicos.