Este decreto, presentado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por Javier Arenas desarrolla diversos aspectos de la nueva ley de pensiones y da cumplimiento, según el titular de Trabajo, a los acuerdos alcanzados en esta materia entre el Gobierno y los sindicatos.

La ley de pensiones prevé la equiparación de las pensiones mínimas de viudedaz de los menores de 60años con cargas familiares a las de los viudos de entre 60 y 64 años. Estas pensiones, que en la actualidad se sitúan en 36.510 pesetas al mes, pasarán a ser de 40.770 pesetas en 1998, 45.525 en 1999 y 50.835 pesetas en el 2000.

La mejora de la cuantía de estas pensiones, que afectará a 77.750 personas, supondrá para el sistema de la Seguridad Social un mayor gasto de 21.000 millones a repartir en tres años (3.278 millones en 1998, 6.989 millones en 1999 y 11.202 millones en el 2000).

El decreto probado hoy por el Gobierno recoge también la ampliación progresiva, hasta 1999, de la edad límite para tener derecho a percibir una pensión de orfandad desde los 18 años actuales a los 21 ó 23 años, según falten uno o los dos padres.

Esta mejora, que afecta a los huérfanos que estuviesen cobrando la prestación en el momento de entrada en vigor de la ley de pensiones, el pasado 5 de agosto, y a los que se incorporen al sistema con posterioridad, beneficiará, según Arenas, a unas 33.000 personas en 199. El año que viene el coste de esta medida será de 9.334 millones.

Arenas, que dijo que con este decreto se cumple el deseo del Gobierno de proporcionar una mayor equidad y justicia a los ciudadanos, recordó que estas mejoras se completan con otras medidas contenidas en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para estos colectivos.

En concreto, esta ley establece que las pensiones de orfandad de los mayores de 18 años serán compatibles con retribuciones por trabajo inferiores al 0% del salario mínimo interprofesional. Además, los causantes de las pensiones de orfandad o viudedad no tendrán que estar dados de alta en el momento de su fallecimiento, siempre y cuando hayan completado un período mínimo de cotización de 30 años.

INVALIDEZ

El decreto aprobado hoy también establece que las pensiones de incapacidad permanente (invalidez) se transformarán en pensiones de jubilación cuando sus beneficiarios cumplan 65 años. El objetivo es acercar las estadísticas de invalidez (1,7 milones de personas) a la situación real del país, pero la nueva denominación no afectará al régimen jurídico ni a los derechos adquiridos de la persona.

Según el ministerio, esto significará que 929.000 inválidos mayores de 65 años pasarán a ser considerados como jubilados a partir de la entrada en vigor del decreto, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el decreto establece que no se reconocerá el derecho a una pensión de invalidez cuando el beneficiario tega los 65 años.