Díaz Aris afirmó que esa es la situación en que se encuentran después del auto dictado por la Audiencia Nacional, en el que se establece que la regularización fiscal a nivel administrativo no exime de las responsabilidades penales en que se haya incurrido y ni siquiera puede como alegarse como atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Entre los contribuyentes afectados están los cerca de 40.000 tomadores de cesiones de crédito del Banco Santander, de los que se regularizaron el 97 por cien, así como quienes haan declarado un precio más bajo del real en las compraventas de sus inmuebles.

En los casos en que el fraude no alcance los cinco millones de pesetas, los contribuyentes no serán juzgados por delito fiscal, pero si podrán serlo por falsedad endocumento público, lo que está sancionado con penas de cárcel que van desde los seis meses y un día hasta seis años.

Díaz Arias opinó que la única solución posible es que el Gobierno apruebe la figura de la "excusa absolutoria" en el Código Penal, para que e juez exima de delito a quienes ya están a bien con Hacienda.

El auto de la Audiencia Nacional, difundido el pasado 6 de julio, revocó otro del juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, por el que eximía a 250 empresas de las 600 implicadas por el fraude del IVA.

Diaz Arias efectuó estas declaraciones en el acto de presentación del Foro de Abogados Tributariastas, durante el cual pidió la regulazión de la profesión de asesor fiscal, para acabar con los profesionales "piratas".