En concreto, la deuda pendiente de pago por parte de los ayuntamientos con las empresas se situó en el tercer trimestre de 2021 en 19.734 millones de euros, según explicó Cepyme, haciéndose eco de los datos recogidos en las cuentas de financieras del Banco de España.

Por ello, esta patronal, aunque valora la puesta en marcha de este mecanismo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, asegura que es “insuficiente” para resolver este problema que afecta “especialmente” a las empresas de menor tamaño.

“Cabe recordar que la morosidad supone un menoscabo de la liquidez de las compañías y afecta particularmente a las pymes que cuentan con menores recursos y más dificultades para acceder a la financiación, en especial en un momento como el actual, en el que muchos sectores todavía no han logrado recuperar la actividad empresarial previa a la crisis y, además, sufren un fuerte incremento de costes que reducen sus márgenes”, denuncia Cepyme.

Asimismo, considera “abusivo” que las empresas deban asumir la pérdida del cobro de intereses de la deuda comercial para acceder a su cobro.