Según la CEP, cualquier reforma de esta norma debería hacerse teniendo en cuenta "los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas frente a la cada vez mayor violencia en la calle contra ellos".

Este sindicato demandó que el Ministerio del Interior escuche a los agentes en el caso de afrontar cambios en la normativa de seguridad ciudadana, puesto que la consideran "esencial" para la labor que realizan estos profesionales.

A su juicio, la regulación es vigor es también necesaria "para garantizar la convivencia ciudadana", que "no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país".

"Frente a ese concepto sectario del principio de legalidad, creemos que el consenso es fundamental para una reforma que debe proteger los derechos e intereses de todos", afirmó la CEP.

AGRESIONES A AGENTES

Este sindicato destacó que durante 2022 los datos de agresiones a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil se mantuvieron en niveles similares a los de 2021.

Añadió que el balance de 2023 de estos delitos se prevé que sea de una gravedad similar, lo que supone un riesgo para la salud y la vida de quienes por mandato legal deben cumplir y hacer cumplir la Ley en España.

La CEP concluyó que el acuerdo entre el PSOE y Sumar para la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no puede materializarse en un proceso de modificación "que margine y evite contar con la opinión de los policías".