Este documento, que incluye una "Declaración de CEOE sobre la jornada de trabajo, el empleo y la competitividad de las empresas" y un "Informe sobre tiempo de trabajo", fue aprobado en la última Junta Directiv y se verá en la Asamblea General de CEOE del próximo día 16, que decidirá las propuestas que llevará la patronal a la negociación.

A juicio de CEOE, el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo es "artificial" y se ha visto desbordado en los últimos meses con la sucesiva adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas para incentivar la reducción de jornada, "en lo que constituye un efecto contagio de experiencias fracasadas".

La organización que preside José María Cuevas señla en su documento que el "proceso de reducción natural de la jornada" es la negociación colectiva de cada año, y destaca que en España se está creando empleo en cifras récord "sin necesidad de recurrir a reducciones artificiales de la jornada".

CEOE rechaza de plano la reducción por ley de la jornada de trabajo a 35 horas, y asegura que destruye empleo a medio y largo plazo, ya que, incluso aunque se rebaje el salario parcialmente, trae consigo un aumento de los costes de la mano de obra y erosiona l competitividad de las empresas.

Según CEOE, para mantener la competitividad de las empresas, cualquier reducción de jornada debe conllevar, automáticamente, la rebaja salarial y también extrasalarial del coste laboral de la empresa. La patronal calcula que una reducción de 40 a 35 horas semanales tendría que acarrear una rebaja de los salarios del 12,5% y de la misma cifra en las cotizaciones sociales y en los restantes costes ligados al empleo.

CEOE, que asegura que las cifras de jornada de traajo de España son perfectamente comparables a las existentes en la Unión Europea (UE), insiste en que "son la negociación colectiva y la contratación individual las que deben definir las pautas de regulación de la jornada de trabajo y su distribución". Por ello, añade que "las administraciones públicas no deberían intervenir en regular materias que corresponden a empresarios y trabajadores".

Para la CEOE, la experiencia histórica de la reducción legal de la jornada e iniciativas más recientes en esta ateria, como la francesa o las de los gobiernos de Cataluña y Castilla y León, revelan que esta medida ha sido "inservible".

Además, cree que muchos estudios lo avalan, y cita uno realizado por el Instituto de Predicción Económica L.R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, que indica que la jornada de 35 horas se traduciría en la destrucción de unos 250.000 empleos en cuatro años y más de 600.000 al cabo de 10 años.

NEGOCIACION CON LOS SINDICATOS

CEOE destaca que las empresas españolas simpre han estado comprometidas con la creación de empleo, e insiste en que para mantener y aumentar la creación de puestos de trabajo es necesario un crecimiento económico estable y sostenido, y acometer las reformas estructurales pendientes, entre ellas la del mercado laboral, al que cree que hay que dotar de mayor flexibilidad y reducir los costes extrasalariales.

Para los empresarios, los acuerdos para la estabilidad en el empleo firmados entre la CEOE y UGT y CCOO en 1997 son "un instrumento valios" para abordar los cambios necesarios en el mercado laboral, por lo que propone la necesidad de proseguir la discusión de todas las materias que se deriven de este acuerdo.

La CEOE quiere negociar con los sindicatos una ordenación "más flexible" del tiempo de trabajo, porque, a su juicio, ello contribuiría a un mejor funcionamiento de las empresas y su competitividad, y aclara que los empresarios nunca han rehusado abordar procesos de reforma con esa orientación.

CEOE se muestra abierta a discuti aspectos como la jornada efectiva de trabajo, su cómputo anual, la posibilidad de su distribución irregular, el replanteamiento de algunos permisos o excedencias "que distorsionan la actividad productiva" y una concepción más flexible del trabajo a tiempo parcial, entre otros.

"Las organizaciones empresariales mantienen su compromiso con las centrales sindicales para discutir dicha ordenación sobre las bases señaladas, rechazando, por tanto, la intervención de los poderes públicos y preservando que l decisión corresponda a los representantes de empresarios y trabajadores en los respectivos convenios colectivos", concluye CEOE.