En un comunicado difundido hoy, la CEOE reitera su condena al fraude contra la Seguridad Social y la necesidad de que el mismo sea perseguido con eficacia, pero advierte a Trabajo que debe ser más prudente "a la hora de calificar de fraude empresarial, lo que muchas veces son errores por retrasos en el pago de las liquidaciones por la propia complejidad normativa".

Esta reacción de la CEOE es la repuesta de la patronal a la presentación que hizo la directora de la Inspeccion de Trabajo, Encarnación Cazorla, de los resultados de su departamento en 1994 y el primer semestre del 95, en el que se han impuesto más de 8.000 millones de pesetas en sanciones a empresas por irregularidades detectadas.

Fuentes empresariales señalan que se ha creado confusión ante la opinión pública al mezclar conceptos, ya que los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo recogen también fraudes en prestaciones y subsdios por desempleo, "casos en los que la empresa ya no tiene responsabilidad y corresponde a la Administración su control".

Además, la CEOE va a solicitar al ministerio el informe de la inspección de 1994 y las cifras totales de las deudas de las entidades públicas y de los organismos de este sector.

Los empresarios recuerdan que, recientemente, el Gobierno perdonó a los hospitales públicos de Cataluña el pago a la Seguridad Social de 28.000 millones de pesetas que adeudaban en concepto de recarg por intereses de demora, lo que supone "un notorio agravio comparativo respecto al comportamiento del Gobierno con las empresas privadas".

En descargo de las imputaciones realizadas por Trabajo a los empresarios, la CEOE señala también que "porcentualmente, las empresas y administraciones públicas incumplen las obligaciones contraídas con la Seguridad Social en mayores niveles que los que se dan en el sector privado".