La iniciativa, a cuyo contenido tuvo acceso Servimedia, procede de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), y ha sido ya sometida a la consideración de la Comisión de CEOE para el Mercado Común, que será la encargada de presentar la medida al "Grupo Cometitividad" de la patronal europea, Unice.

Este grupo de trabajo de los empresarios comunitarios pretende elaborar un listado de sugerencias con el fin de que sean introducidas en el "Libro Blanco sobre estrategia de reactivación económica y social en Europa", encargado por el presidente de la Comisión, Jacques Delors, en la última "cumbre" de los "doce", y que deberá estar listo en diciembre.

A su vez, la FIAB, dirigida por el vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, ha transmitido a todas sus asoiaciones de empresarios la intención patronal de trasladar la idea al Gobierno una vez que ha quedado configurado el nuevo equipo ministerial de Felipe González.

La fórmula que cada vez adquiere más fuerza entre los empresarios, es la de financiar "el coste en protección social, no a través de gravámenes directos sobre las empresas y sus trabajadores, sino mediante su traslado a los presupuestos generales, y sufragio a través del IVA".

LAS VENTAJAS

Según la explicación empresarial, una medida aí supondría importantes ventajas, como el mantenimiento de los niveles de protección social, "asegurando su continuidad", al tiempo que "las empresas gozarían de un importante 'balón de oxígeno' para reducir costes y mejorar su competitividad".

Las empresas consideran que al ampliarse el volumen de productos sobre los que recaería la carga impositiva, los de la CE y los importados de países terceros muy competitivos, el impacto fiscal de la medida se atenuaría para los consumidores, logrando un sistem más "justo y equitativo".

Además, advierten que, por tratarse de un impuesto europeo, la armonización del coste social a partir de 1996, fecha en la que está prevista homologar el IVA en la CE, sería más ágil y sencilla.

LAS CARGAS

Actualmente, empresarios y trabajadores soportan varios gastos sociales que son descontados de la masa salarial, y que en el caso de la cobertura por desempleo es del 7,3 por cien, a repartir entre el 6,2 por cien que paga la empresa y el 1,1 por cien que cubre el popio empleado.

En el caso del Fogasa, la empresa es el único sujeto pasivo, con un 0,4 por cien de las retribuciones que se lleva el empleado, mientras que los fondos destinados a la Formación Profesional son el 0,7 por cien del salario bruto, un 0,6 por cien pagado por la empresa y un 0,1 por cien por el trabajador.

La idea está inspirada en las conclusiones que el propio Delors planteó a la jefes de Estado y de Gobierno de la CE en su última reunión de Conpenhague, en donde el presidente de la omisión puso en evidencia "el enorme peso que supone para las empresas la protección social y la pérdida de competitividad que la CE sufre frente a todo el mundo, y especialmente USA, Japón y el Sudeste Asiático".

LOS RIESGOS

"Es necesario", según el documento, "una reconducción de esta realidad a su justo término, y sin afectar a los niveles de protección social adquiridos, encontrar una fórmula que haga partícipe al producto importado del sufragio de nuestro 'welfare state' -Estado del Bienestar-,en caso contrario, peligraría su propia continuidad".

Los empresarios opinan que el sistema de protección social europeo "descansa hoy por hoy sobre unos impuestos que recaen tanto sobre el empresario como el trabajador, y unos niveles impositivos nada despreciables (en España, en torno al 40 por cien de los costes salariales)".

La eficacia correctora de la medida que estudia la CEOE, añaden, radica en que haría participe del coste de la protección social a todos sus usuarios, y no sólo a la poblción activa, cada vez menor en número y por tanto, más gravada".