Además, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, dijo en un acto celebrado esta tarde en Madrid que es una propuesta "muy negativa" para la economía, puesto que frena la inversión y, por tanto, el empleo.

También afirmó Cuevas que la postura del Gobierno en este asunto está siendo "mucho más amplia, flexible y generosa que la de quienes proponen algo inconstitucional".

La declaración de los empresarios llega después de la reunión de su Junta Directiva, en la que están representados todos los sectores y comunidades, y después de las diferencias protagonizadas la semana pasada entre diversas asociaciones de empresarios vascos.

"Toda las instituciones representativas españolas están, no ya en el derecho de pronunciarse, sino en la obligación de hacerlo, para que un conspicuo silencio no pueda ser interpretado como indiferencia, miedo o actitud abandonista", dice el comunicado en sus primeros párrafos.

A partir de aquí, recuerda que la CEOE representa a cientos de miles de empresas de todos los sectores y territorios de España y, por ello, tienen la obligación de mostrar su postura.

Para la CEOE, "no ya el llamado 'plan Ibarretxe', sino cualquier reforma constitucional y estatutaria, debería ser analizada con el mayor detenimiento, sopesados susinconvenientes y ventajas, rodeada del mismo consenso político y social que obtuvo el ordenamiento constitucional vigente, e implementada con la mayor de las cautelas".

Pero, concretamente el "plan Ibarretxe" es "notoriamente anticonstitucional punto por punto, y tampoco tendría encaje en cualquier reforma de la Carta Magna que se haga siguiendo el proceso fijado en la misma".

Además, afectaría gravemente a la economía española en el exterior puesto que va "contra la corriente de integración y globalización" y supondría "un coste para las empresas vascas de proporciones incalculables, en términos de riqueza y de creación de empleo".

"El 'plan Ibarretxe' se abren nuevas incertidumbres en una situación donde éstas ya son muchas", continúan los empresarios, antes de insistir en que "una situación así puede acabar afectando a las decisiones empresariales de inversión, de ubicación y de compra, y a los mercados de destino y consumo de los productos vascos".

CEOE reitera su rechazo porque "supone una grave ruptura de nuestro ordenamiento legal, una imposición de un sector de la sociedad vasca sobre el resto, y un grave riesgo para la prosperidad económica y la cohesión social del conjunto de España, pero singularmente del propio País Vasco".

Finalmente, solicitan al Gobierno "la mayor firmeza" para oponerse a este proyecto y muestran su apoyo a los partidos políticos, en referencia a PSOE y PP, que han coordinado sus esfuerzos para frenar el "plan Ibarretxe".