LA CEOE PIDE LA SUPRESION DE LAS INDEMNIZACIONES DE DESPIDO PARA QUIENES TENGAN DERECHO A SEGURO DE PARO

MADRID
SERVIMEDIA

El viceprsidente primero de la CEOE, Arturo Gil, manifestó hoy que el Gobierno debería ir más allá de eliminar la autorización administrativa previa de los expedientes de regulación de empleo, y suprimir también el derecho a indemnización por despido en el caso de los trabajadores que tengan derecho al seguro de paro.

Gil aseguró que las indemnizaciones por despido suponen un coste demasiado elevado para las empresas y que la mejor manera de reducirlo sería ligar su cobro al del seguro de paro, de manera que ls trabajadores despedidos no puedan disfrutar de ambos a la vez.

"Lo que no me parece razonable es que unas indemnizaciones altas de despido como las que hay en España, que son las más altas de Europa, estén compaginadas con un seguro de desempleo que tiene un carácter casi universal", señaló Gil.

A su juicio, "las dos cosas son difícilmente compatibles y más en un periodo como el que nos espera de bastante precariedad económica".

Según datos del Ministerio de Trabajo, las empresas pagaron e año pasado 282.476 millones de pesetas en indemnizaciones de despido, y otros 138.735 millones en los cinco primeros meses de 1992.

OFERTA SALARIAL SERIA

Por otra parte, Gil afirmó que las empresas españoles van a tener dificultades para hacer una "oferta salarial seria" en la negociación colectiva del 93, ya que sólo el pago de la incapacidad laboral transitoria y la subida de los tipos y bases de cotización de la Seguridad Social supondrán un incremento de costes laborales de hasta el 3 por cien n muchas empresas.

El responsable de la CEOE precisó que no puede anticipar si la subida salarial media del año que viene podrá alcanzar el 4 por ciento recomendado por el Gobierno porque "hay situación muy dispar entre sectores y empresas".

En su opinión, la fiscalidad que soportan las empresas españolas, incluyendo tanto los impuestos como las cargas de la Seguridad Social, es la más elevada de Europa, de lo que culpó a "las dramáticas necesidades de recaudación del Estado".

Arturo Gil, qu hizo estas manifestaciones en unas jornadas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) sobre los Presupuestos del Estado de 1993, afirmó que éstos carecen de credibilidad para los empresarios.

A su juicio, el elevado déficit público inflige un doble perjuicio a las empresas, ya que provoca un aumento de los tipos de interés, lo que encarece sus costes financieros, y empuja también al alza el tipo de cambio de la peseta.

Gil señaló que las previsiones de ingresos y de gatos de los presupuestos son "demasiado optimistas" y que difícilmente podrá alcanzarse el crecimiento previsto por el Gobierno para el PIB, que es del 1 por cien.

También apuntó como motivo de desconfianza el descontrol del gasto de las autonomías y el aumento de los gastos corrientes por encima de los inversores. Como aspecto positivo, subrayó únicamente la subida salarial de los funcionarios, del 1,2 por cien.

(SERVIMEDIA)
30 Oct 1992
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