El dirigente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales explicó, en un encuentro con periodistas, que "hace falta un pacto y una mesa redonda continua con la Administración, donde los empresrios podamos exponer nuestros problemas y necesidades en materia de comercio exterior".

Entre las medidas de aplicación inmediata que propuso para mejorar la competitividad comercial de las empresas figuran el incremento de las ayudas financieras a la inversión en el extranjero, una políica fiscal agresiva que facilite la internacionalización de los productos españoles y la creación de sociedades mixtas o consorcios públicos "eficaces" en la prestación de apoyos a la iniciativa privada.

Respecto al papel desempeñado actualmente por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Jiménez de la Iglesia afirmó que este interlocutor estatal "debería ser un órgano de colaboración diario, pero en el que no estamos representados como empresarios, lo que demuestra el divorcio existente entre la poítica de la Administración y de la CEOE".

A su juicio, el ICEX, "en lugar de funcionar a favor de las necesidades comerciales de los empresarios, lo hace a tenor de la política exterior del Gobierno y no responde a la mayoría de las necesidades que tienen las firmas españolas".

Jiménez de la Iglesia insistió en la tesis empresarial de que el tejido industrial nacional se caracteriza por tener un gran número de empresas pequeñas escasamente competitivas fuera del país y advirtió que sólo faltan 18meses para el mercado único. "Debemos decir ya qué se debe hacer si queremos superar este reto competitivo con unas mínimas garantías de éxito", agregó.

Criticó la política de acuerdos bilaterales seguida por el Gobierno con países como Méjico, Argentina o Marruecos, de los que aseguró que "hay comprometidos cerca de un billón de pesetas y no están funcionando".

DERROCHAR DINERO PUBLICO

Para el representante de los empresarios, dichos acuerdos deberían tener un seguimiento más exhaustivo, para omprobar si realmente se están cumpliendo los objetivos, ya que "nosotros veíamos este tipo de convenios como una vía de implantación de las empresas españolas en nuevos mercados, que compensara la pérdida de competitividad por la aplicación del mercado único".

"Sin embargo", añadió, "lo que está pasando es que los acuerdos bilaterales, como es el caso del argentino, están sirviendo para potenciar exportaciones españolas, que no es malo, pero no subsanan el problema de fondo, por lo que cabría hablar e un derroche de dinero público".

Añadió que la estructura de la política comercial exterior de España necesita cambios y que estos empiezan por coordinar mejor los esfuerzos de los empresarios y de la Administración.

En este sentido, pidió una reforma del ICEX en la que la presencia empresarial, desde el punto de vista de la gestión y de lafinanciación, sea más patente, extremo que a su juicio "convertiría los actuales 14.000 millones del presupuesto de este organismo en unos 80.000, a cambio e una mayor eficacia en sus servicios".